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Poseer no basta
La propiedad acompaña la historia de las sociedades humanas desde sus orígenes. Tierras, cosechas, viviendas, herramientas, rebaños, obras o empresas: desde el momento en que una sociedad organiza la posesión de los bienes, aparece una pregunta fundamental:
¿qué hace que una cosa sea verdaderamente nuestra?
La respuesta parece al principio evidente. Podríamos pensar que basta con poseer materialmente una cosa para ser su propietario.
Sin embargo, posesión y propiedad no son sinónimos.
Se puede detentar un bien sin ser su propietario. A la inversa, se puede ser propietario de un bien que no se detenta físicamente.
La propiedad no se basa por tanto únicamente en la relación entre una persona y una cosa. También supone que esta relación sea reconocida y protegida por un orden jurídico capaz de establecer sus derechos y sus límites.
La propiedad solo existe plenamente cuando una sociedad reconoce el vínculo entre un bien y quien puede ejercer legítimamente derechos sobre él.
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De la posesión al derecho
A través de las épocas y las civilizaciones, las formas de propiedad han variado considerablemente.
Algunos recursos han sido detentados colectivamente. Otros han sido atribuidos a familias, comunidades o individuos. Las propias tierras pudieron depender de un soberano, una comunidad, una institución o propietarios privados según los sistemas políticos y jurídicos.
Pero detrás de esta diversidad permanece una constante: la propiedad solo existe plenamente cuando una sociedad reconoce el vínculo entre un bien y quien puede ejercer legítimamente derechos sobre él.
Hoy, este reconocimiento toma en particular la forma de leyes, registros, títulos, contratos e instituciones encargadas de hacer que esos derechos sean oponibles a terceros.
Un título no es, por tanto, la propiedad en sí misma. Es una de sus expresiones y, según la naturaleza del bien y el derecho aplicable, uno de los medios para establecer o proteger su existencia.
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Propiedad individual y propiedad colectiva
La propiedad no es necesariamente individual.
Un bien puede pertenecer a una persona, a varias personas conjuntamente, a una sociedad, a una colectividad o a otra estructura jurídica.
La propiedad colectiva permite reunir varios intereses en torno a un mismo patrimonio. Es indispensable en numerosos ámbitos de la economía.
La propiedad individual responde a una lógica diferente: busca establecer con la mayor claridad posible el vínculo entre un propietario determinado y un bien o un derecho determinado.
Ninguna de estas formas es superior por naturaleza a la otra. Responden a objetivos diferentes.
Para Jaspall Swiss, la cuestión esencial es por tanto menos saber si una propiedad es individual o colectiva que poder responder claramente a tres preguntas:
¿Cuál es el bien o el derecho de que se trata?
¿Quién es su propietario?
¿Qué derechos y qué obligaciones le confiere esta propiedad?
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Ser propietario es disponer de derechos
La propiedad no es un concepto indivisible en todas sus manifestaciones.
Puede comprender varias prerrogativas: utilizar un bien, percibir sus frutos o ingresos, decidir su destino, cederlo o transmitirlo, dentro de los límites previstos por el derecho aplicable.
Esto es en particular lo que permite distinguir la nuda propiedad del usufructo.
La nuda propiedad corresponde a la propiedad de un bien cuyas facultades de uso y disfrute han sido atribuidas a otro.
El usufructo permite, por su parte, disfrutar de un bien perteneciente a otro y percibir sus frutos según las condiciones que regulan este derecho.
Un mismo activo puede por tanto hacer aparecer varios derechos distintos.
Una persona puede detentar la nuda propiedad de un bien sin percibir sus frutos durante la duración del usufructo. Otra puede beneficiarse del usufructo sin ser propietaria del bien en sí mismo.
Cuando estas prerrogativas se reúnen en manos de un mismo titular, este dispone entonces de la plena propiedad, naturalmente bajo reserva de los límites previstos por la ley y de los eventuales derechos de terceros.
La propiedad otorga derechos precisamente porque se inscribe en un sistema que reconoce también deberes y límites.
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Un derecho implica también obligaciones
Ser propietario no significa disponer de un poder absoluto sobre una cosa.
Toda propiedad se inscribe en un entorno jurídico, social y a veces medioambiental.
Según la naturaleza del bien y el país concernido, su tenencia puede implicar obligaciones: mantenimiento, fiscalidad, respeto de las normas urbanísticas, protección medioambiental, derechos de terceros o restricciones particulares de uso.
En determinadas circunstancias y según las legislaciones, el interés público puede también justificar limitaciones al derecho de propiedad, incluso una expropiación según un procedimiento y condiciones previstos por el derecho aplicable.
Esta dimensión es fundamental:
la propiedad otorga derechos precisamente porque se inscribe en un sistema que reconoce también deberes y límites.
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Ser propietario de un activo o propietario de un derecho
En la economía moderna, la palabra « propiedad » abarca realidades muy diferentes.
Cuando poseemos una obligación emitida por una empresa, somos propietarios del título o del derecho correspondiente. Sin embargo, no nos convertimos en propietarios de los edificios, las máquinas u otros activos de esa empresa.
Nuestro patrimonio comprende entonces esencialmente un crédito cuyo valor y reembolso dependen en particular de la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos.
Del mismo modo, el dinero inscrito en una cuenta bancaria nos pertenece en el lenguaje corriente, pero la relación jurídica con el banco se basa generalmente en un crédito correspondiente a las sumas depositadas. Disponemos de un derecho frente a una institución que, a su vez, funciona dentro de un sistema financiero y regulatorio.
A la inversa, detentar directamente un bien significa que el derecho de propiedad recae sobre el bien mismo, bajo reserva de las normas jurídicas que lo regulan.
Esta distinción no significa que una forma de tenencia sea sistemáticamente preferible a otra. Los títulos financieros, los créditos, las participaciones en sociedades y la propiedad directa responden a funciones diferentes.
Pero saber lo que se posee realmente sigue siendo esencial.
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La propiedad de un activo tangible
Esta cuestión adquiere una dimensión particular cuando se encuentra con nuestro primer principio: lo tangible.
Si el activo existe físicamente, la pregunta siguiente se vuelve naturalmente:
¿qué derecho se posee realmente sobre este activo?
En el ámbito agroforestal, conviene distinguir en particular la propiedad del terreno, la propiedad o los derechos sobre los árboles, los derechos de explotación, los frutos derivados de estos activos y las responsabilidades vinculadas a su gestión.
Poseer un árbol no significa necesariamente poseer el terreno sobre el que crece.
A la inversa, poseer un terreno no significa necesariamente disponer sin restricción de todos los derechos que pueden recaer sobre lo que se encuentra en él.
Son los contratos, los títulos, el derecho local y la organización jurídica de la operación los que permiten determinar con precisión la naturaleza de los derechos concernidos.
Por eso Jaspall Swiss concede especial importancia a la claridad de estas relaciones.
Si todas las representaciones que rodean mi patrimonio desaparecieran, ¿qué derecho me quedaría sobre algo real?
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Saber lo que se posee
La propiedad directa presenta una característica fundamental: busca reducir la distancia entre el titular del derecho y el activo sobre el que recae ese derecho.
Esto no elimina ni el riesgo, ni las obligaciones, ni la necesidad de una gestión competente.
Pero permite plantear una pregunta simple y esencial:
si todas las representaciones que rodean mi patrimonio desaparecieran, ¿qué derecho me quedaría sobre algo real?
Después de lo tangible, la propiedad constituye así el segundo pilar de nuestra filosofía.
El primero establece que un activo existe.
El segundo busca establecer a quién pertenece, bajo qué forma y con qué derechos.
Y esta propiedad solo tiene verdaderamente sentido en el tiempo si luego podemos conservar su historia, identificación y prueba.
Ahí interviene nuestro tercer principio: la trazabilidad.